OPINIÓN-José F. Palomino Manchego: Nos Vamos Todos

¿Cuáles fueron los motivos? Entre otros, la prensa menciona dos: a) La reforma política que el Poder Ejecutivo presentó, a contrapelo, para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria deje de estar en manos del Congreso de la República. Al final, con razón y conocimiento de causa, respetándose lo que enseña la vitrina del Derecho Constitucional Comparado se desestimó, salvo para los procesos penales abiertos con anterioridad a la elección. Y b) La elección de la Mesa Directiva (2019-2020). Ante tal postura, conviene inquirir lo siguiente:

¿la propuesta presidencial está en armonía con los artículos 115 y 206 de la Constitución Política de 1993? Atendiendo a este fin, ¿tiene legitimidad el actual presidente de la República para proponer tales reformas políticas luego de haber asumido, de manera casual y coyuntural, el sillón presidencial tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski Godard?

Luego de diversos debates, durante un año cinco meses, el jefe de Estado promulgó cuatro autógrafas de ley, que no recogen en su integridad la reforma política planteada por el Poder Ejecutivo:Ley N.° 30995 (Ley que modifica la legislación electoral sobre inscripción, afiliación, comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y renuncia a organizaciones políticas), Ley N.° 30996 (Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional),Ley N.° 30997 (Ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas) y Ley N.° 30998 (Ley por la que se modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para promover la participación política y la democracia en las organizaciones políticas) (El Peruano, Lima, martes 27 de agosto de 2019). Huelga advertir que, una vez más, le cabe al Derecho Constitucional desarrollar un papel muy importante teniendo como norte la Constitución Política, ya que en su condición de instrumento de Gobierno sirve como brújula para que las relaciones entre gobernantes y gobernados se mantengan en un clima de paz.

Es más, toda esta coyuntura política ha puesto en evidencia cuán importante es el Derecho Constitucional del Poder, entendido, según Germán J. Bidart Campos (1927-2004), como equivalente de ‘parte orgánica de la Constitución’, como el ámbito o sector que ordenala estructura del poder político, como el fragmento del mundo jurídico donde se localiza la política que hacen los gobernantes y la que hacen los gobernados apuntando al poder político.

Por cierto, evidencia, también, la preocupación y la reflexión de los constitucionalistas y de los politólogos, lo que trae como resultado toda una serie de reflexiones y opiniones plasmadas en artículos y libros reconociendo que, no obstante tener conocimiento y dominio de las disciplinas respectivas ya mencionadas, tanto del mundo jurídico como del mundo político, se deja notar que dichas reflexiones se hacen por intuición, a tal extremo que carecen de una soldada preparación académica y manejo de lecturas. Con el pretexto de la limpieza moral, los opinólogos, por doquier, están de moda.

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