¿Cuál ha de ser el órgano competente para designar Presidente de la República el día 10 de Enero de 2019?, por Nestor Contreras

Estimados amigos. Observando diversas opiniones sobre cual ha de ser el órgano competente para designar Presidente de la República el día 10 de Enero de 2019, en mi condición de abogado con especialidad en materia de Derecho Público, conforme al orden constitucional, al considerar que la competencia para ello la tiene el Tribunal Supremo de Justicia, debo diferir y difiero de aquellos criterios que sostienen que la competencia está en la Asamblea Nacional,.

Las razones de nuestro aserto las sustento en las siguientes razones:

Primero.- Visto que la situación de la designación es un hecho inédito y sobrevenido en el sistema político venezolano, la interpretación de las normas constitucionales ha de estar basada en aplicación al método teleológico, es decir, en busca del fin de las normas que han de regir y rigen al y en el Estado.

Segundo.- Para una materia como la que abordamos y ante la condición inédita del supuesto, debemos apreciar el principio programático de las normas constitucionales y de eficacia, como así también el principio básico que rige a la Función Pública, el Principio de la Legalidad.

Es importante destacar aquí, que las normas programáticas a distinción de las normas operativas, se aprecian en la medida que su eficacia está sujeta a un acto que ha de dictarse para su aplicación, mientras que en las últimas su eficacia deviene de la literal interpretación que de la norma se haga.

Por su parte, el Principio de Legalidad impone a los entes públicos sujetar su función a lo previsto en la Ley, por ende este principio se identifica con el Principio de operatividad.

Tercero.- Bajo las premisas anteriores ya podemos evidenciar que para el caso de ausencia absoluta del Presidente de la República, a nuestro juicio la Asamblea Nacional carece de competencia para designarlo, solo puede juramentarlo, pero en ningún caso –repito- designarlo. Las razones de éste aserto son:

A) No se encuentra en la Constitución Nacional una norma que faculte a dicho ente legislativo, para tal función, siendo el caso que la norma mas apreciable por la ausencia del Presidente lo es el artículo 233 constitucional, que de manera alguna la faculta que lo designe sea ausencia temporal o absoluta.

B) EL artículo atributivo de las competencias al Poder Legislativo (C.N. 187) en su numeral 24, acuerda: “Todas las demás que le señalen esta Constitución y la Ley”; siendo el caso, que no existe norma constitucional o legal que le atribuya la facultad a la Asamblea Nacional de designar un Presidente.

Cuarto.- Por el contrario a lo expuesto al punto tercero, -como dijimos- aseveramos la competencia del TSJ en la designación presidencial, por las siguientes razones:

1. La parte in-fine del artículo 231 de la Constitución prevé que “si por cualquier motivo sobrevenido” el Presidente no pudiere tomar posesión (obsérvese que no habla de juramentación) ante la Asamblea Nacional lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este parte del citado artículo contempla dos situaciones de hecho, una, que el candidato (a) elegido (a) no tome posesión del cargo el día 10 de enero de su período constitucional, la otra, “la existencia de un hecho sobrevenido”

2. No puede inferirse que la actuación del TSJ se refiere única y exclusivamente en cuanto al acto de “juramentación”, en atención al encabezado de dicha norma, por variadas motivos, primero, que el encabezado del artículo 187 en nada expresa que la juramentación dependa o resulte de la toma de posesión del cargo, ello, lo deja al referido Tribunal, quien habrá de resolver en consecuencia, (mediando sentencia).

3. La norma atributiva de competencia al Tribunal Supremo de Justicia consagrada en el artículo 253 constitucional, remite a las asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias, lo que aunado a lo previsto al numeral 9 del artículo C.N. 266 eiusdem, que consagra expresamente “las demás que establezca la ley”, lo que en consecuencia ha de concatenarse a los numerales 7, 18 y 21 del artículo 25 de la “Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”, permitiendo así pronunciarse en materia Constitucional en defensa de los derechos difusos y colectivos e incluso ante las omisiones del poder público nacional, entre ellos la Asamblea Nacional.

4. Por último, para reafirmar la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, lo encontramos en la naturaleza de las normas constitucionales, queremos decir, que la facultad que le otorga el 231 al indicado Tribunal no se puede interpretar de la misma forma que prevé el encabezado del mismo artículo para la Asamblea Nacional, pues, la exigencia “sobrevenida” solo es aplicable al Tribunal en atención tanto al “Principio Programático” como al “Principio de Eficacia” de las normas Constitucionales, como así las consecuencias y aplicación de la función jurisdiccional como función regulada constitucionalmente, es decir, la aplicación del Principio de la Operatividad de la norma constitucional cuando encontramos que la remisión que hace el artículo 253 al remitir la actuación del Tribunal a otras leyes, en este caso lo hace a las leyes orgánicas, que son emanación directas de la Constitución.

En conclusión, el quid que nos ocupa se resuelve buscando en la exégesis constitucional en aplicación al orden teleológico y siendo, que por este medio hemos encontrado constitucionalmente la regulación pertinente basado en los principios alegados y en especial el Principio Programático, nos permitimos precisar que la designación Presidencial ante un hecho sobrevenido cuya eficacia está sujeta a un acto que ha de dictarse, ese acto, solo es posible mediante un pronunciamiento del TSJ, en otras palabras, mediante Sentencia Judicial.

Con ello me despido de todos Uds. dejando así plasmada mi posición al respecto.

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