La evasión fiscal y los derechos humanos – por Juan David Morgan

El método que han venido utilizando las organizaciones internacionales, y con ellas algunos de los países que la integran, para presionar a Panamá a fin de que modifique las leyes que regulan nuestro modelo de negocios tradicional es muy similar al que aplican los torturadores profesionales: van aumentando el tormento y los quebrantos físicos para ver hasta donde sus víctimas son capaces de aguantar. La OCDE, el G-8, el Fondo Monetario Internacional y, últimamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comenzaron por incluir a Panamá en listas discriminatorias, dando lugar a diversas sanciones económicas que determinaron, entre otros perjuicios, la cancelación de corresponsalías a bancos panameños.

De igual manera, con el propósito de que fuéramos más “transparentes” y como condición previa para removernos de esas listas, forzaron al gobierno a firmar un mínimo de doce tratados de intercambio de información fiscal, pero cuando ya llevábamos más de dos docenas de convenios firmados nos obligaron a modificar nuestra legislación para incluir, como posibles fuentes de lavado de dinero, actividades no financieras, tales como la venta de automóviles y de bienes inmuebles, y a firmar otros convenios, esta vez multilaterales, para el intercambio automático de información fiscal y financiera, medidas que van mucho más allá de las que aceptan y practican algunos países desarrollados.

Hoy los verdugos llegan con una exigencia aún más peligrosa, una que, de aceptarse, devendría en la espada de descabello de nuestro desarrollo económico: pretenden que Panamá legisle para convertir la defraudación fiscal en un delito precedente del lavado de dinero. Esta nueva versión del garrote vil, cuyo heraldo, en reciente visita, ha sido el “experto independiente” designado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se fundamenta en que la evasión de impuestos en los países desarrollados afecta los derechos humanos de los sectores más pobres de la economía global. Así como suena.

Según el experto si, por ejemplo, en Francia, cuya tasa impositiva puede superar el setenta por ciento de los ingresos, algún francés deja de pagar sus impuestos, quien sufre no es el fisco galo sino los más pobres del mundo ya que, por algún acto de magia que causaría envidia al mismo Houdini, el dinero del cual se priva al fisco francés habría ido a mitigar el sufrimiento de los seres humanos que mueren de hambre en África. Habrase visto. Pocas veces se ha escuchado una tesis más traída de los cabellos para justificar lo injustificable. Este fenómeno, que los sicoanalistas denominan “proyección”, no es más que un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto atribuye a otras personas sus propias culpas y defectos.

Y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que, como su nombre lo indica, fue creada por los países más desarrollados para contribuir al desarrollo económico del resto de la humanidad, no solamente no ha hecho su trabajo sino que, a costilla de los países menos desarrollados, se ha dedicado fundamentalmente a incrementar el cobro de impuestos de los países miembros mientras sigue incrementando la desigualdad entre los que poco o nada tienen y aquellos a los que todo les sobra.

Algo similar ha ocurrido con la Organización de las Naciones Unidas, que, lamentablemente, no ha podido cumplir la función igualitaria para la cual fue creada y constituye, en sí misma, un foro donde se refleja la enorme diferencia que existe entre los países desarrollados, que son los que deciden y mandan, y los países en vías de desarrollo, que son los que callan y obedecen. Son estos fracasos los que llevan hoy a la burocracia internacional a proclamar con desparpajo que si los países desarrollados cobraran más impuestos a sus nacionales menos africanos se morirían de hambre. Si esa fuera, realmente, una tesis válida, bastaría con cobrar los impuestos dejados de pagar por las grandes empresas surgidas al ritmo del desarrollo tecnológico, cuyas ganancias por su enormidad no se pueden siquiera medir y todo el mundo sabe dónde se guardan.

Pero no, ni el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ni el Fondo Monetario Internacional se preocupan por los impuestos dejados de pagar por los gigantes de la tecnología y otras empresas multibillonarias. Su tesis solamente es buena para permitir que se siga atacando a países como Panamá, obligándonos, so pena de nuevas torturas, a adoptar normas que riñen con nuestro modelo de negocios y nuestra historia como nación.

La defraudación fiscal en Panamá

Comencemos por afirmar lo obvio: el pago de impuestos constituye una obligación ciudadana fundamental e ineludible pues los dineros así recaudados permiten al Estado llevar a cabo las inversiones para brindar a los gobernados servicios públicos indispensables tales como educación, salud, seguridad y transporte, entre muchos otros. Es por ello que de acuerdo con el artículo 752 del Código Fiscal, quienes evaden el pago de impuestos quedan sujetos a sanciones que van desde multas muy severas hasta el arresto carcelario.

Esto quiere decir que la defraudación fiscal se califica en nuestra legislación como un delito tributario y se faculta a la Dirección General de Ingresos a perseguirlo y castigarlo. Ahora bien, desde la última década del pasado siglo hemos sido testigos de algunas iniciativas encaminadas a incluir la defraudación fiscal como delito en el código penal panameño, de manera que sea el Ministerio Público quien lleve a cabo la investigación de la misma y los jueces de la jurisdicción penal los encargados de aplicar las sanciones correspondientes. Ninguna de estas iniciativas ha sido acogida por las consecuencias muy negativas que acarrearía a la economía nacional y a la tranquilidad social. El último intento ocurrió en el 2012 y al mismo se opusieron, entre otros gremios y miembros de la sociedad civil, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Veamos lo que expresó el entonces presidente de dicho gremio, y hoy Contralor de la República, Federico Humbert.

“En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá promovemos que todos los sectores de la sociedad cumplan con sus deberes con el Estado, entre los que se encuentran el pago de los impuestos al fisco, para continuar impulsando el desarrollo social del país, pero vemos con preocupación el Anteproyecto de Ley que busca incluir delitos fiscales en el Código Penal… Esta iniciativa, que fue presentada recientemente en la Asamblea Nacional de Diputados, además de apresurada, es innecesaria puesto que nuestro Código Fiscal ya establece penas, tanto monetarias como de privación de libertad, para aquellos que las infrinjan”.

¿Qué ha cambiado desde las declaraciones del actual Contralor en el 2012 a esta parte? Entre otras cosas, que la OCDE y los países ricos, que habían venido utilizando el terrorismo y el tráfico de drogas como excusa para emprender una campaña dirigida a facilitar el cobro de impuestos a sus miembros más conspicuos, finalmente decidieron quitarse la máscara.

Hoy no les ha quedado más remedio que reconocer, sin siquiera un asomo de sonrojo, que toda la parafernalia que han montado desde inicios de este siglo para, según afirmaban, combatir el financiamiento del terrorismo y del narcotráfico lo que realmente persigue es que los países en vías de desarrollo, como Panamá, se conviertan en cobradores de impuestos de países desarrollados, como Francia. Recordemos que los países desarrollados, y aquellos que, sin serlo, anhelan formar parte del club de los países ricos, han estatuido el impuesto universal que obliga a sus ciudadanos a pagar impuesto en cualquier lugar del globo en que se encuentren y cualquiera que haya sido la fuente de sus ingresos.

Estos países desarrollados son, tradicionalmente, exportadores de capital y de ahí su interés en que todos los ayudemos a cobrar los impuestos que dejan de pagar sus nacionales, no importa dónde estos vivan o trabajen. En cambio, los países en vías de desarrollo, Panamá entre ellos, no solamente no exportan capital sino que para impulsar su economía dependen de la importación de capital, es decir, de la inversión extranjera directa, razón por la cual solamente cobran impuestos sobre las rentas que se producen en su territorio. Es por ello que a partir del momento en que aceptemos cambiar nuestro sistema de impuesto territorial por uno universal podemos decirle adiós a las inversiones extranjeras, a la baja tasa de desempleo, a los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas de bajo costo, a la construcción de nuevos puentes, carreteras y sistemas de transporte, y un interminable etcétera, con lo cual al final se afectaría seriamente la estabilidad social dentro de la cual convivimos.

Y ¿por qué le puede interesar a los países desarrollados, que en Panamá se incluya la defraudación fiscal como un delito precedente del lavado de dinero? Porque, en opinión de la OCDE, así se les facilitaría descubrir y sancionar a cualquier súbdito de los países miembros que intente ocultar en Panamá dineros que no hayan pagado los correspondientes impuestos. Es decir, una vez más nos veríamos en la obligación de cambiar nuestras leyes para que, por ejemplo, los franceses puedan cobrar mejor sus impuestos.

Todo esto a pesar de que en acuerdos celebrados entre Panamá, Francia y otros países ya se establecieron mecanismos que le permiten al fisco francés obtener información del fisco panameño sobre los dineros de súbditos franceses que pudieran haber sido depositados en nuestro país sin haber pagado impuestos en Francia. Esta concesión, repetimos, ya la tienen y el intercambio de información ocurre cotidianamente con base tales acuerdos. Pero si ya funciona un mecanismo de intercambio de información, entonces volvemos a preguntarnos, ¿por qué insiste la OCDE en que cambiemos las normas que regulan el tema fiscal en Panamá? Y la respuesta es evidente: porque en última instancia lo que persiguen los países desarrollados y las organizaciones internacionales que a ellos responden es que Panamá cambie su sistema impositivo y además del impuesto territorial -que existe en todos los países- establezcamos, también el impuesto universal, con el consiguiente impacto mortal en la economía nacional.

Fue esto, precisamente, lo que intentó hacer, de un plumazo y a través de un decreto, el señor Luis Cucalón, Director de Ingresos de la pasada administración. En aquella oportunidad la reacción de la población fue tan inmediata y contundente contra semejante barbaridad que dos días después el gobierno se vio obligado a derogar el infausto decreto.

Pero hay otras consecuencias gravísimas que podrían derivarse de convertir la defraudación fiscal en un delito precedente del lavado de dinero. Imaginemos el caso de un opositor acérrimo al gobierno a quien éste quiera acallar. Se le inventa un caso de evasión fiscal, como ya ha ocurrido antes, se le acusa no solamente de no haber pagado impuestos sino también de blanqueo de capitales y, con la nueva legislación, allí mismo le decretan prisión preventiva. Una bonita manera de cobrar impuestos y al mismo tiempo deshacerse de los opositores. ¿Queremos arriesgarnos a poner semejante instrumento en manos de gobiernos que, como tantos que hemos sufrido, pueden ser propensos a la arbitrariedad? Vale destacar que, tal como se prevé en el artículo 752, numeral 2, del Código Fiscal, un simple error en la declaración de impuestos podría dar margen a que el individuo o empresario que en ella incurriera sea acusado de defraudación fiscal y, en consecuencia, de lavado de dinero. El panorama no puede ser más aterrador.

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